INFORME 2019  El Instituto de Derecho Ambiental A.C., es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, fundada en 1997 que promueve la sustentabilidad del desarrollo, protege las áreas públicas y recursos naturales propiedad de las y los ciudadanos y busca formar ciudadanía ambiental a través de la asesoría jurídica.

Se considera así mismo un despacho de interés público y a nivel del país se ha sostenido como un referente en su tipo.

Para una mejor prestación de sus servicios el IDEA A.C., se ha organizado en 3 áreas sustantivas y 1 general. El área de Justicia Ambiental, el Área de Derechos Humanos y Protección a Defensores, el Área Agraria-Ambiental y el Área Institucional Administrativa.

El presente informe tiene como finalidad el dar cuenta a la sociedad jalisciense y en específico a las y los ciudadanos, asociaciones y grupos de la sociedad civil que han confiado sus casos de defensa y protección del medio ambiente y de sus servicios ambientales a nuestra organización.

Resúmen Ejecutivo

La complejidad de los temas ambientales y su arquitectura, representan un reto y a la vez una oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil que luchamos por la realización e implementación del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, por el acceso al agua potable y al saneamiento, por el derecho a la salud, al hábitat y a la preponderancia de lo público sobre lo privado.

La protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como el usufructo de los servicios ambientales que éstos nos proven, se da en contextos complejos de apropiación de lo público, de un modelo de desarrollo fallido, caracterizado por la privatización de lo común, la iniquidad social y el aprovechamiento infinito de los recursos naturales.

El contexto anterior, agravado por la crisis climática considerada hoy en día la principal amenaza del Planeta implican un cambio de paradigma en el aprovechamiento de lo público y lo privado.

El IDEA, territorialmente trabaja en el Estado de Jalisco, apoya algunos casos en el Estado de Nayarit y acompaña el movimiento nacional de Agua para Tod@s, además de tener vínculos internacionales consolidados con la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, con Living Lakes, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Frontline Defenders.

El año de 2019, representó un parte aguas en nuestro trabajo, porque inician sexenios en los ámbitos federal y estatal, que recibimos con mucha esperanza de cambio. A pesar del clima político difícil de Jalisco. Sirva el referente anterior para contextualizar las actividades realizadas por nuestra asociación.

El área de Justicia Ambiental, continuó con el litigio de defensa de áreas verdes y espacios públicos en la AMG. Actualmente tiene en proceso 17 amparos. De éstos, 4 se refieren al manejo del ANP La Primavera, derivados de la exclusión del modelo de gestión a los propietarios del bosque que impulsó la administración estatal de Aristóteles Sandoval y continua el mismo modelo con el actual Gobernador Enrique Alfaro, 6 relativos a parques urbanos, a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura o venta de parte de éstos para desarrollos inmobiliarios privados y que se traduce en la pérdida de servicios ambientales que proveen los mismos, 3 relativos a la Barranca del río Santiago y los espacios aledaños a la misma en contravención del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado, que implica además de la pérdida de espacios públicos, la pérdida de servicios ambientales que actualmente usufructúan y disfrutan los vecinos de las colonias aledañas, en específico habitantes del municipio de Guadalajara, quizás el de la ZMG mas deficitario en áreas verdes para sus habitantes, 3 relativos a áreas verdes y bosques en el AMG, 2 de corte general relativos a la ampliación a todos los usos del agua de las contaminadas aguas del río Santiago (Decretos de Vedas de 2018) y la reforma energética, 1 respecto a la propiedad de una presa y 1 relativo a las relaciones de medio ambiente y planes de desarrollo urbano (Las Cañadas).

El área también lleva 15 recursos entre quejas y revisiones ante diferentes Tribunales Colegiados del Estado, derivado de los amparos en trámite.

Podemos afirmar, que el 90% de los amparos se encuentran en etapa de substanciar las pruebas, por lo que el 2020, será un año decisivo para el agotamiento de la estapa procesal y desahogo de audiencias constitucionales.

Igualmente, el área de Justicia Ambiental, amplió los recursos de protección al medio ambiente en casos de asesoría y acompañamiento a vecinos del Palomar, Las Cañadas, la Presa El Órgano y el Lago de Chapala. Los medios usados se han ampliado a la Fiscalía General de la República (El Palomar, El Gachupín), a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (Cañadas y Chapala), a la PROFEPA (El Palomar) y a la CONAGUA (Presa El Órgano y Gachupín) y al Consejo federal de la Judicatura (Gachupín, Cañadas y Santa María Tequepexpan).

De las lecciones aprendidas del litigio es que los Tribunales Colegiados, generalmente tienen una vision más amplia de la tutela y protección del derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar.

Que el cumplimiento de “las suspensiones ambientales” como en el caso de las Cañadas y el Cerro El Gachupín, es muy complejo en virtud de las complicidades de las autoridades municipales con los desarrolladores y la omisión de los jueces de Distrito de “usar la fuerza pública para el cumplimiento de las suspensiones”.

Derivado de omisiones en el cumplimiento de suspensiones el acudir al Consejo Federal de la Judicatura, por vez primera tiene un impacto positivo en el combate a la impunidad de manera más decisiva, al ordenarle al Juzgador, dar vista al Fiscal federal de la actuación de las autoridades del Municipio de Tlaquepaque y que hoy en día, el Fiscal Federal Penal tenga que abrir carpeta de investigación por delitos de ley de amparo.